Fidel Salgueiro

*Este artículo fue publicado en la edición digital del diario El Universal de Caracas  el 15 de julio de 2010

Se cumplieron diez años de promulgación de la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (LOTEL). En su decimo aniversario valdría la pena preguntarse, ¿Continúa la ley cumpliendo su cometido?, ¿Mantiene su vigencia?, ¿Está la LOTEL en concordancia con el diseño de una política pública para el sector?, ¿Existe en la actualidad una política pública sintonizada con la mencionada ley?

Las políticas públicas representan un programa de acción del estado dirigido a un sector de la sociedad; la cobertura de estas políticas tiene acotaciones de tipo geográfico, demográfico o sectorial. Técnicamente, por lo general, con ellas se pretende diseñar un plan que beneficie el desarrollo de un sector o de un país, y que termina siendo plasmado en una Ley.

En el caso de Venezuela, la Política Publica Sectorial de Telecomunicaciones, probablemente de las más exitosas que ha tenido el país, se inicia en 1990 con la restructuración del sector de las telecomunicaciones. Teniendo por características principales: Liberalización total del sector, quedando solo en régimen de concurrencia limitada la telefonía básica; privatización bajo un esquema de participación mixto, entre el Estado, los trabajadores y un operador estratégico, de la CANTV; la oferta de servicios de telecomunicaciones con estándares mundiales calidad; participación de la inversión privada; variedad y diversidad en la oferta de servicios. Y como epilogo la apertura total del sector, finalizados los diez años de concurrencia limitada.

Otros aspectos resaltantes en acompañar este Plan Nacional fueron: separación del estado de los roles de operador y regulador y la democratización del capital por la vía de colocación de acciones en la bolsa. Del primero puede hablarse del CONATEL de los 4 primeros años de la liberación, los cuales dieron pie a un modelo de regulación copiado entre otros por Perú y que dio pie al OPSITEL, ente que hoy dicta cátedra en materia de aplicación de la regulación.

Del segundo, la Bolsa de Valores fue abierta por vez primera, a cualquier venezolano como estimulo al deteriorado ahorro interno, tan necesario para fomentar la inversión interna. La mayor expresión de este experimento es Chile, cuya economía no ha dejado de crecer en 15 años, y presenta al país sureño como el único en la región que en términos reales logra reducir la pobreza bajándola del 40% al 20%, y reducir en porcentajes similares el empleo informal. El motor para ello fueron los fondos de pensión y la inversión de estos en empresas nacionales chilenas.

La estructurada Política Pública de Telecomunicaciones tiene en sus memorias, una licitación internacional para escoger un operador internacional, cuyo proceso fue tan exigente, que llegó al extremo de descalificar a Telefónica de España por no cumplir con los estándares exigidos para operar la CANTV o hacernos olvidar para siempre que para obtener una línea telefónica se debía esperar en promedio 8 años y si se contaba con la suerte de disponer de una línea fija, esperar en la hora pico la penuria de 10 minutos para obtener tono de discar, ligando por supuesto que la congestión no nos impidiese completar la llamada y obligarnos con ello,  a tratar de intentarlo 3 y 4 veces. Con lo cual una llamada para hablar 5 minutos podría tomarse 40 minutos para ser exitosa.

Todo lo consagrado en este plan sectorial da como frutos, un crecimiento en los servicios en particular el móvil, que para el año 1999, ya había superado a la fija, la aparición de pregrados y postgrado de Telecomunicaciones en importantes universidades nacionales y la concreción, con cierto retardo, del plan sectorial en la LOTEL del año 2000. Diez años después dicha ley recoge en gran medida lo plasmado en el plan sectorial de los 90.

De la LOTEL pueden decirse muchas cosas, es completa en cuanto a tratar de fomentar las inversiones en infraestructura, proteger los derechos de los usuarios y estimular la modernidad de las redes, pero con fallas a la hora de promover la competencia, al dejar por fuera aspectos clave como, la desagregación de los elementos de red para su oferta en mercados al mayor y la creación de los mercados de mayorista y minoristas.

En servicios como la Larga Distancia las barreras interpuestas fueron tan altas que su universo competitivo se redujo considerablemente. Solo las fianzas fijadas por la ley, eran tan fuertes para el tipo de servicios, que se volvieron por si solas barrera de entrada; así como se volvió igualmente restrictivo la imposibilidad de obtener numeración para ofertar servicios internacionales de DID. O baste tan solo con preguntarse ¿cuántos operadores de LDN/LDI utilizan el servicio de Facturación por Cuenta y Orden del operador incumbente?

En servicios de valor agregado la ley simplificó los trámites, de hecho, los rebujó a solo una notificación, pero la obligatoriedad de interconexión para los mismos quedo sin cobertura. Es así como un agregador de contenidos, que dispone del beneficio de la ley, está sujeto a la disposición del operador para interconectar su plataforma de modo directo o a través de un integrador, lo cual es igualmente restrictivo a la libre competencia.

El marcado apego a la defensa de la infraestructura, excluyó de la LOTEL la definición de las Facilidades Esenciales, con los problemas que conlleva para la permanencia en el mercado de operadores de menor tamaño, en particular a la hora de contratar servicios para la interconexión u obtener nuevas capacidades y la Regulación Asimétrica, necesaria para garantizar eficiente competencia con el principal operador fijo o evitar los cuellos de botella del principal operador móvil, expresados estos en las diferencias existentes entre los costos de terminación internacional o las tarifas de usuario con los costos de interconexión nacional.

Es muy probable que en los mecanismos de consulta, contemplados en la Ley, hubiesen ido solventando algunos de estos aspectos. Lo relevante del caso es que al tratar de generar una ley consensuada que premiara solo las inversiones muy por encima de los elementos ya mencionados, se aspiraba no solo a incentivar la entrada de operadores de mayor tamaño al mercado nacional, sino igualmente fortalecer las posiciones de los grandes operadores nacionales.

Lo primero no ocurrió y lo que sin dudas nadie previó, en su algo tardía implementación, es que la CANTV podía ser renacionalizada, y con ello cambiar muchas de las condiciones que nos llevaron a la LOTEL. A decir del viejo adagio chino “Donde es más hondo el río, hace menos ruido”.

Hoy nos encontramos con un cambio sustancial en la política pública sectorial, el Estado retomó su rol de operador y regulador; la obligación universal comienza a ser sustituida por el esfuerzo subsidiario por premiar la equidad social en el acceso. Pero lo más relevante, sin quererlo es que el actual escenario convergente ha hecho que la actual ley entre en un proceso de prematura longevidad, lo cual obliga a replantearse la política pública para el sector.

Se trata de pasar a un modelo convergente, tecnológicamente neutral, sin regulación vertical, que fomente el desarrollo de una industria nacional de contenidos. Ir de la actual LOTEL a una Ley de TIC.  Y es que ha decir de Saramago, tan recordado en estos días, conviene hacerlo o, “Puede suceder que un día tengamos que preguntarnos quién ha firmado esto por mí”.

 

Publicado el 26 de octubre de 2018